En las últimas semanas se publicaron en diversos medios de prensa la existencia de contrataciones de asesores jurídicos externos a instituciones públicas, más específicamente en el caso de Itaipu que, cabe decir, se vale de una extraña interpretación de sus atribuciones, dando cuenta de que se entienden como “una persona jurídica de derecho internacional”, y que no están sujetos a entendimientos de carácter público.

Sin ánimos de detenernos en hermenéuticas innecesarias, puesto que la obviedad está al servicio de los hechos, lo que hace a este escrito responde a una cuestión que alimenta la infición de la corrupción en las instituciones: la sobrecontratación como respuesta a favores políticos y la utilización de las instituciones como botín electoral, habida cuenta de los siempre sonados casos que aparecen y reaparecen cada día.

La represa de Itaipu no es la excepción. Tras un pedido de informes generado por la presidenta del Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, la diputada Kattya González, y el diputado miembro Edgar Acosta, sobre el gasto espurio de más de 400.000 dólares americanos en la contratación de “asesores jurídicos externos”, a pesar de disponer de una dirección de asesoría jurídica con funcionarios dispuestos al servicio de la institución, la respuesta no fue solamente nula, sino irresponsable y alevosa, dando a entender lo que en el inicio de este escrito se menciona. La situación es cuanto menos oscura y extraña, cabiendo en nosotros la simple pregunta de ¿Para qué?

Este gasto que es, a todas luces, innecesario, responde a una lógica que tiene a la corrupción como estandarte y a la impunidad como bastión, puesto que la especial sombra que Itaipu arroja sobre las informaciones de carácter público desde su autopercibido fuero independiente, nos da cuenta de un sistema que se reproduce a escala interinstitucional, teniendo a familias enteras contratadas y nombradas dentro de la institución, con un costo altísimo para el erario nacional.

La realidad es única e irrevocable: las informaciones deben estar al servicio de la ciudadanía, y tanto más cuando se tratan de indicios con una posibilidad latente de mal uso de los recursos públicos. Es menester que se comprenda de buena vez que las instituciones están al servicio de la gente, y no al revés.